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Viola cárcel a comunitarios marco legal indígena: abogados

Viola cárcel a comunitarios marco legal indígena: abogados

Los líderes e integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) continúan presos por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo, portación de arma de fuego sin licencia y exclusiva del Ejército, y terrorismo, sostenidos en procesos endebles y con una grave violación al marco legal de los pueblos indígenas, informaron sus abogados defensores.

Permanecen presos nueve miembros de la Crac y sus procesos están en distintos niveles porque los aprehendieron en distintos momentos. Todos los delitos contra los comunitarios, arraigados en diversas causas penales, tienen relación con su función de autoridad comunitaria avalada por la Ley 701, el convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo segundo constitucional.

La liberación el viernes pasado de la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, se concedió a partir de que jueces de Tlapa, Ayutla y Huamuxtitlán reconocieron que los pueblos indígenas tienen el derecho de constituir sus propios sistemas normativos.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, lleva la defensa de ocho. Se trata del grupo de los seis policías comunitarios detenidos en Ayutla, el mismo día que aprehendieron a Salgado García en Olinalá, 21 de agosto de 2013, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro.

También de Arturo Campos Herrera, el gestor de la apertura de la casa de justicia de El Paraíso, detenido en noviembre de 2013. Además de Samuel Ramírez Gálvez, un policía comunitario de Zitlaltepec, Metlatónoc, aprehendido antes del caso de Salgado García, por portación de arma exclusiva del Ejército.

Los seis comunitarios de Ayutla y Campos Herrera enfrentan dos causas penales por secuestro: la 59/2015 (radicada en juzgado de Ayutla) y la 196/2014 (radicada en un juzgado de Tlapa).

El abogado explicó que la primera causa penal tiene que ver con el supuesto secuestro de Katia Espino Bolaños y Gil Apreza Salmerón. A ambos, explicó, los detuvo la Policía Comunitaria: Apreza Salmerón hirió al policía comunitario Etelberto Cabañas, cuando intentaron detenerlo por disturbios. A Espino Bolaños, porque era empleada de un bar del que es dueño Apreza Salmerón, donde supuestamente vendían droga.

La segunda causa penal está sustentada en el presunto secuestro de 43 personas. Los supuestos secuestrados son los que el sistema de la CRAC tenía detenidos en la casa de justicia de El Paraíso.

El 21 de agosto de 2013, en hechos simultáneos, el Ejército y la Marina aprehendieron a Salgado García en Olinalá e irrumpieron en El Paraíso y liberaron a todos los presos de la Crac, de los cuales al menos seis estaban por delitos graves. Detuvieron a unos 30 comunitarios; liberaron a la mayoría pero siguen encarcelados esos seis.

El abogado promovió un amparo contra el auto de formal prisión por secuestro y consiguió un nuevo auto de formal prisión por privación ilegal de la libertad para los seis de Ayutla. Campos Herrera se quedó sin recursos para esa causa. En la causa 59 todos se quedaron sin recursos.

Para el abogado cualquier juez con un análisis imparcial habría liberado a los comunitarios presos. El caso de Salgado García, dijo, deja el antecedente de reconocimiento a la Crac-Policía Comunitaria de un administra, procura e imparte justicia y seguridad con criterios sustentados los usos y costumbres de sus pueblos.

A Gonzalo Molina González, lo defiende el abogado Hegel Mariano Ramírez. Los delitos que enfrenta el promotor de la Crac en Tixtla son terrorismo, lesiones, privación de la libertad personal y robo agravado, de acuerdo con la causa penal 157/ 2013.

Estos delitos tiene origen en la protesta que los policías comunitarios realizaron en Tixtla, por la liberación de Salgado García; esa ocasión desarmaron a los policías municipales, y les retiraron sus armas. El abogado cuenta con un convenio firmado por autoridades del anterior gobierno municipal de Tixtla en el que acepta que les regrese las armas una vez que Molina González esté libre, argumentos que ya presentaron para desvanecer esos delitos.

Otros delitos y causas contra el promotor comunitario son portación de arma sin licencia (causa 67/2013, Chilpancingo); comparte el de secuestro (196/2014, Tlapa); por portación de arma exclusiva del Ejército y portar arma sin licencia, y delitos cometidos contra funcionarios públicos (59/2013).

El abogado no tiene ninguna duda de que Molina González sea liberado: “actuó apegado a los derecho que tiene los pueblos de crear sus propios sistemas normativos”.

FUENTE: lajornadaguerrero.com.mx

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