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#Entérate: Última oportunidad

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BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

Los enfrentamientos ocurridos recién en Nochixtlán, Oaxaca, como antes las protestas en Chiapas y Guerrero, ofrecen una lectura de la que nadie en el gobierno parece enterarse: que la inconformidad que antes era gremial, comienza a transformarse en un proceso de insurgencia popular.

El tema viene a cuento a propósito del malestar -mal humor social le llama, con desdén, el presidente Peña Nieto- que desde hace tiempo ha proliferado en los estratos populares. Lo cierto es que el despertar bronco de la nación ya se tardó.

Si el hartazgo social sigue in crescendo, es bastante probable que las elecciones presidenciales de 2018 sean las últimas en que los mexicanos elijamos a nuestro próximo mandatario en un contexto de civilidad política. O quizá no.

Tal como van las cosas con el hartazgo popular, en una fecha no muy lejana podríamos ver a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto -para no ir más lejos en la historia- compareciendo ante la Corte Penal Internacional de La Haya, para rendir cuentas de sus crímenes de lesa humanidad.

Aunque lo pareciera, el escenario no es muy descabellado, sobre todo si López Obrador llega a la presidencia de la República arropado por un amplio sector de ciudadanos patriotas que observan, con furia creciente, como la élite política, económica y financiera llevan al país a un foso sin fondo del cual la única salida posible sería una revuelta armada.

Con Fox y Calderón el producto interno bruto bajó a sus peores niveles históricos desde que durante su gestión el priista Miguel de la Madrid (1982-1988) le abrió las puertas de par en par al neoliberalismo. Con Calderón en particular, el Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 1.8 por ciento, el más precario en las tres décadas de existencia del neoliberalismo en México, lo que se tradujo en una caída estrepitosa del empleo y la generación de riqueza.

Pero lo que antes se veían como errores de la administración panista, ahora se confirma como una estrategia perversa que llevó al extremo la administración de Enrique Peña Nieto, quien con sus reformas estructurales está a punto de llevar al país a una vorágine de violencia que afectará a todos los mexicanos por igual.

La historia reciente del país confirma que tanto el PRI -que decidió implantar el neoliberalismo en México hace 30 años-, como el PAN -con mandatarios cuyo nivel de raciocinio rayaba en la estupidez-, constituyen dos caras de una misma moneda.

Pero la historia no sería distinta si en 2018 el PRD accediera al poder, que cuando mucho -y lo ha demostrado con creces en los estados donde ha gobernado- se manifestaría como una derecha moderada que ofrecería una nueva pista para el neoliberalismo, a pesar de que este sistema económico ha hundido en la más absoluta pobreza al 70 por ciento de la población mexicana y, claro, ha generado riquezas espectaculares a los más ricos.

Eso es lo que caracteriza al neoliberalismo: que a los ricos los hace más ricos y a los pobres los hunde en una situación paupérrima en lo económico y lo social, pasando por la destrucción de la clase media, que ya no existe en México.

A este escenario explosivo habrá que agregar los escándalos de corrupción de la clase política en el poder, como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera -quien, por cierto, coadyuva con eficacia a profundizar el odio que las clases populares sienten contra su esposo el presidente y su administración apátrida-. O las casas que se les han encontrados a otros altos funcionarios del gobierno (¿gobierno?) peñista.

Es claro que si los panistas fueron abyectos, el gobierno priista de Peña Nieto llegó al colmo con sus frivolidades, su corrupción pero, sobre todo, su cinismo.
¿Mal humor social, presidente? No se engañe, es no sólo hartazgo: es furia contenida, rencor acumulado, odio de los desposeídos. ¿Pero que esperaba?

Por eso decimos que las elecciones presidenciales serán, probablemente, la última oportunidad para llevar a buen puerto un proceso creíble y legítimo en el que, quien emerja triunfador, tendrá la dura tarea de reconstruir el país para corregir todas las decisiones que nos llevaron a donde ahora estamos: al borde de un despeñadero.

Pero esa reconstrucción pasa por llevar a juicio a todos quienes cometieron esos abusos que permitieron encumbrar a una élite podrida a costa del bienestar de los mexicanos.
Claro que un escenario de esa naturaleza sólo será posible con el concurso de instancias internacionales con la mediación de Naciones Unidas, porque de otro modo en este país maltrecho y a punto de hacer explosión no habrá jamás un juicio para los sátrapas, los cínicos, los perversos y los saqueadores.

Las reformas estructurales -especialmente la energética y la educativa-, que constituyen un retorno obligado al pasado que se creía desterrado desde que en 1938 Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, toman cuerpo ahora como las verdaderas amenazas a la seguridad nacional.

Lo de Nohixtlán y otros sucesos ocurridos en el sur deben ser leídos como un anticipo de lo que está por venir, si no hay cambios verdaderos en el derrotero de la nación. Por eso, es probable que 2018 sea el parteaguas que detone el rumbo histórico del país.

Es el último chance para la civilidad. De otro modo…

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