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#Entérate: Política de defensa

#Entérate: Política de defensa

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

Por vía de sus intereses geoestratégicos el imperio es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la seguridad nacional de México.

Ello quedó demostrado nítidamente por la visita del candidato republicano Donald Trump quien, aunque guardó las formas ante un miniaturizado Enrique Peña Nieto, reiteró su mensaje homofóbico y racista contra la ciudadanía mexicana.

La visita del republicano exhibió las debilidades del gobierno peñista y coadyuvó a distanciar al gabinete actual de su similar norteamericano, con el presidente Barak Obama a la cabeza, quien habrá hecho el coraje de su vida al saber del trato de jefe de estado dispensado por el gobierno mexicano a quien nos vino a insultar.

Por fortuna, pareciera que Trump no ganará la presidencia de los Estados Unidos en noviembre próximo. De lo contrario tendríamos enfrente una monumental problemática a juzgar por el discurso de odio enderezado en contra de los mexicanos, discurso que linda con el fanatismo y la estupidez, al caldo de cultivo ideal para el surgimiento de líderes totalitarios.

Sin embargo, sea Trump o Clinton quien acceda al liderazgo del país más poderoso de la Tierra en noviembre próximo, en realidad no hay mayor diferencia en cuanto al tratamiento que recibirán los mexicanos en el futuro mediato. Créanlo: extrañaremos a Obama.

Aunque la narrativa política de Trump es sin duda más ofensiva especialmente con los mexicanos, en realidad lo que parece encontrar nuevos acomodos en el gobierno estadunidense son algunos estratos de la sociedad norteamericana proclives a la expoliación, los que se encuentran insertos en ambos equipos que contienden por la presidencia de los Estados Unidos de América.

Así las cosas, nada bueno pinta el futuro para México, aunque los especialistas yanquis en propaganda traten de darle una imagen cosmética a todo este asunto.

Desde que comenzó a abrirse paso en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, el sistema neoliberal se constituyó como una nueva forma de colonización que tiene su punta de lanza en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo de comercio integral con los Estados Unidos y Canadá que, si bien tiene sus aspectos positivos, también ha causado daños devastadores especialmente al campo mexicano, que se encuentra en total y absoluta postración frente a sus competidores en el norte.

El fortalecimiento de los mercados y el adelgazamiento creciente de los estados nacionales, en el caso de México, devino en la fragilidad de algunas instituciones de estado que durante la era autoritaria habían constituido fortalezas infranqueables, como es el caso del presidencialismo mexicano.

Es por ello que en este país necesitamos instituciones fuertes que puedan hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse desde el exterior, tanto en términos diplomáticos y económicos como, especialmente, en el plano militar.

Si en el aspecto externo estamos en condiciones endebles, en el interior la situación de violencia extrema ha golpeado sensiblemente el mercado interno y generado saldos de sangre equivalentes al choque entre dos ejércitos, aunque oficialmente no somos un país en guerra.

Esa fragilidad del sistema político mexicano se manifestó claramente a partir de 2007, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón arrancó de manera formal la guerra contra los cárteles de la droga, cuadro de situación que hizo patente la inexistencia de una política de defensa nacional que permitiera sustentar dentro de un marco legal la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que implicó lanzar a un pozo sin fondo a las instituciones armadas mexicanas.

La decisión de Calderón, de golpear a los barones de la droga sin un previo análisis de inteligencia estratégica, sin planeación, sin la infraestructura militar idónea y, lo peor, sin el consenso de los mexicanos, sólo podía generar el baño de sangre que hemos atestiguado y sufrido los ciudadanos de entonces a la fecha.

Pero lo más grave es que el gobierno panista nunca previó la construcción de un marco conceptual y legal que permitiera la regulación de actuaciones de la Sección Segunda (Inteligencia), ni de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN), ambas de la Secretaría de la Defensa (SDN), que en los hechos son las responsables de combatir el flagelo de la droga y, por extensión, de la violencia.

Ese marco legal, debidamente discutido por el Congreso de la Unión, habría permitido levantar un entramado jurídico y operativo que normara las intervenciones de los militares en el combate a la criminalidad así como sus parámetros de actuación en el trato con civiles, lo que habría ahorrado muchísimos incidentes en los que, sin mayor criterio e instrucción, los soldados simplemente dispararon en situaciones ambiguas en las cuales se sintieron en peligro.

Más de 100 mil muertos y 37 mil desaparecidos después, el gobierno de Peña Nieto cayó en cuenta de que esta cruzada debió implementarse al revés: es decir, primero prepararse y luego atacar a la criminalidad, atomizada ahora en más de 60 grupos delincuenciales que mantienen una guerra abierta -entre sí y contra el gobierno mexicano-, en la que el mayor número de víctimas son ciudadanos inocentes.

A estas alturas, la fragmentación de los grandes cárteles de la droga abrió la puerta a otra fenomenología aún más peligrosa: el surgimiento de la insurgencia criminal.

Por lo que se sabe, uno de los aciertos de la administración de Peña Nieto es haber instalado equipos de analistas tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México que, entre 2013 y 2015, trabajaron arduamente en la construcción de una Política de Defensa Nacional (PDN).

Ese documento conjunto, que según trascendidos está listo desde diciembre de 2015, en teoría comprende no sólo lo relativo al marco legal de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida civil, sino también contiene propuestas para regular los diferentes sectores de la SDN, especialmente en lo que se refiere a la Industria Militar, en el proyecto de construir armamento, equipo, infraestructura, transporte aéreo y terrestre para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Por lo pronto, la Industria Militar trabaja en la fabricación del novísimo fusil FX-05 para uso común de la infantería, que paulatinamente comenzará a sustituir el G-3 fabricado por la firma alemana HK. Aunque estamos a años luz del desarrollo de la Industria Militar de México, una reconversión de la planta industrial permitiría fortalecer las capacidades militares de las Fuerzas Armadas para hacer frente a una eventual agresión exterior, que no es algo que deba descartarse.

Lo inexplicable es que, pese a estar terminada desde diciembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto no la ha dado a conocer ni siquiera ante el Congreso de la Unión, el espacio en el que deberán discutirse estos proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Así pues, habrá que darle tiempo al tiempo.

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