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#Entérate: Pena capital

#Entérate: Pena capital

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

Entre 2005 y 2014 se produjeron en Guerrero 19 mil 434 homicidios de acuerdo con una investigación elaborada por la Fundación Open Society, que sustentó su análisis en datos oficiales.

Es el saldo final de los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, a lo que habrá que agregar los 2 mil 721 asesinatos que se perpetraron durante 2015, lo que nos conduce a un gran total de 22 mil 155 muertes ocurridas en Guerrero en el lapso 2005-2015.

Si atendemos los supuestos de investigadores calificados que aducen que en México la cifra negra (delitos no denunciados) asciende a más del 80 por ciento, entonces tenemos una cifra total de más de 40 mil homicidios. Simplemente horrendo, e inaceptable.

Según la información, la mayor parte de los asesinados eran hombres jóvenes, pero en los últimos tres años hemos encontrado una cifra creciente de mujeres y niños ultimados sin piedad en emboscadas impredecibles.

El caso es que, en lugar de bajar, la cifra de muertes violentas está en franco ascenso. Ello se traduce en el hecho irrefutable de que el estado de Guerrero ha cuadruplicado el promedio nacional de homicidios particularmente en los últimos seis meses.

Lo más grave es que las cifras indican una tendencia al alza, al contrario de las versiones oficiales que aseguran que la incidencia delictiva ha comenzado a bajar. Ha bajado, sí, pero en la franja turística.

A vuelo de pájaro, cualquier ciudadano con mediana inteligencia se puede percatar de que Guerrero está inmerso en una gravísima crisis de violencia aderezada con casos cada vez más patentes de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del estado, que se manifiestan en las crecientes agresiones descaradas y directas contra periodistas, en su condición de representantes de la sociedad.

Aunque se escuche descabellado, habrá que considerar la pena de muerte en la agenda de la discusión pública.

Muchas buenas conciencias seguramente se horrorizarán ante tal propuesta. Y tienen absolutamente la razón. Otros dirán que se trata de un paso involutivo en el proceso histórico. Y sí, lo es. Pero a veces hay que volver el rostro al pasado para buscar salidas al presente, que se vislumbra cada vez más espeluznante. Otros más dirán que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo en el combate al crimen. Eso estaría sujeto a discusión.

De acuerdo con información de Amnistía Internacional (AI), un total de 58 países del mundo aplican la pena de muerte para sancionar crímenes comunes, en tanto otros siete la aplican para penalizar crímenes excepcionales. Otros 35 países, entre ellos México, tienen la pena capital en su legislación, pero no la aplican.

En América son varios países los que aplican la pena de muerte, entre ellos los Estados Unidos y Cuba -las antípodas ideológicas-, además de los vecinos Guatemala y Belice, sin contar con una lista substancial que incluye a Barbados, Bahamas, Antigua, Guinea, Jamaica, Santa Lucía y Trinida y Tobago, entre otras naciones caribeña y sudamericanas.

Son Arabia Saudita -esa monarquía vetusta-, China, Estados Unidos, Irán e Irak los países que más aplican la pena de muerte para sancionar todo tipo de crímenes, además de que en el pasado reciente se reanudaron las ejecuciones en India, Pakistán, Japón y Gambia.

En el caso de México, la pena de muerte está contemplada en el artículo 22 de la Carta Magna que sanciona la traición a la patria, el parricidio, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y al homicidio cuando se comete con premeditación, alevosía y ventaja.

Como lo dijimos, la pena capital en México no se ha aplicado de manera oficial como cumplimiento de una resolución judicial, pero hay innumerables testimonios de ejecuciones extrajudiciales que se han perpetrado para proteger intereses de la élite o del estado. Sólo recordemos los tiempos de la guerra sucia.

¿Qué es lo que habrá que discutir en el turno de la sociedad mexicana? Pues en qué casos sería meritoria la pena capital.

Habrá que considerar la pena de muerte para sancionar crímenes excepcionales, como son los casos de secuestros en los que la víctima invariablemente es torturada y asesinada; en los casos de infanticidio, los homicidios cometidos con las tres agravantes de ley pero, además, donde haya mediado tortura; para penalizar los casos graves de corrupción, especialmente donde hayan intervenido servidores públicos y, por supuesto, los casos de enriquecimiento inexplicable de funcionarios de gobierno.

¿Que la pena de muerte no corrige nada? Claro que no: el objetivo es sancionar los crímenes excepcionales especialmente para proteger al resto de la sociedad. Para qué queremos miles de delincuentes en prisión, donde los alimentamos de por vida, si además ya no alcanzan las prisiones que, adicionalmente, están convertidas en verdaderas universidades del crimen -sin contar con que los penales están en la ruta de convertirse en bombas de tiempo-.

Así, habrá que aplicar la pena de muerte a los asesinos recurrentes, a los plagiarios, a los torturadores, a los infanticidas y a los servidores públicos corruptos.
¿Qué no disuade a nadie de cometer crímenes? Bueno, está por verse. Pero sin duda muchos lo meditarán dos veces antes de pensar en atacar, lastimar o asesinar a personas inocentes.

Como lo anticipamos, muchos se horrorizarán con tal propuesta. Y siguen teniendo la razón. Pero ¿acaso no se horrorizan de lo que está padeciendo actualmente México, de lo que están sufriendo miles de familias guerrerenses a causa de la violencia incontenible? ¿Acaso creen que esta espiral sangrienta va a declinar por sí sola? La verdad, lo dudo mucho.

Piénselo amigo lector: A grandes males…

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