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#Entérate: No apto para castrados…

#Entérate: No apto para castrados…

EL TELEFONO INDISCRETO
por Felipe Victoria Zepeda

El tan cacareado ESTADO DE DERECHO pregonado a mediados del Siglo XIX por el Benemérito de las Américas Don Benito Pablo Juárez García, hoy en día pareciera una ocurrencia utópica imaginada por el abogado zapoteca oaxaqueño en las noches que durmió en Palacio Nacional, tras reinstalar la República Federal tumbando el Segundo Imperio

Igual lo que se quedó como figura decorativa para la moderna aristocracia de la burocracia es aquello de la honrosa medianía del servidor público, por demás incómoda para nuestros enriquecidos funcionarios, casi inmunes e impunes ávidos de lucro

Al otro prócer no vigente, idealista insurgente que tanto batalló en el territorio que desde octubre de 1849 se llama Estado Libre y Soberano de Guerrero, con cierta frecuencia le rinden homenajes, pero quienes asisten a ellos o los llevan, poco conocen de la vida y obra del Cura y Generalísimo José María Morelos y Pavón, en quien tantos historiadores se han inspirado

Aclaro que al parecer el personaje de la historia preferido del Gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores es precisamente el Gran Morelos y hasta un libro publicó sobre el que hizo prosperar la insurgencia, pero no la alcanzó a mirar concretada en Independencia con su lugarteniente Vicente Ramón Guerrero Saldaña en 1821, ni en República con su colaborador Guadalupe Victoria en 1824

Desde la otra dimensión en plano superior quien sabe cuánto sea el malestar de héroes así, que dieron todo por el México de que ahora todos gozamos como sea, pero se nos está yendo de las manos porque no nos hemos puesto las pilas de exigir a quienes ostentan el poder que cumplan con su deber de respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de cada entidad federativa

La codicia por amasar fortunas y darse lujos indebidos envileció a muchos miembros de la administración pública desde hace décadas, que de tolerantes con las mafias se transformaron en socios primero y ahora resultan ser sus esclavos, a las órdenes de hampones y cartelitos regionales, a los que no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa pues están apadrinados por personajes con fuero y “vacunados” por tantas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos de los delincuentes

¿Cómo poder poner en paz y orden estados como Guerrero, si nuestros funcionarios parecen maniatados para hacer lo que se debiera contra el hampa organizada?

Claro que antes que nada necesitarían dos cosas primordiales: conocer de leyes y procedimientos y tener la suficiente “voluntad política”, en vez de llevársela de a muertito mientras les dure el fuero o la chambita concedida por cuatitud o recomendaciones, pero no por capacidad ni experiencia

En el convulso Guerrero actual, el camino cuesta arriba de Héctor Astudillo parece sembrado de abrojos pero también minado y los habitantes indefensos van quedando a merced de sicarios despiadados, empleados por los traficantes de drogas, contra quien nadie se atreve ni siquiera a abrir la boca denunciándolos, porque no existen autoridades dignas de confianza porque están sujetas a la Ley de Plata o Plomo

El Fiscal Xavier Olea y el Magistrado Robespierre Robles parecen petrificados, impedidos de actuar debidamente; pero no deben doblarse, queda un gran recurso que urge aplicar, se encuentra en la empolvada Constitución Federal pocas veces consultada. Se las comparto en buena onda…

“Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez”

Urge que los responsables de la procuración y administración de Justicia en Guerrero y nuestro Gobernador pidan al Presidente Enrique Peña Nieto la suspensión de garantías en algunas zonas de Guerrero…

¿Qué opinas de esa nota?

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