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#Entérate: Héctor

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BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

A Héctor Astudillo algunas personas le han regateado méritos, pero el caso es que se trata del primer gobernador que combate de frente a la delincuencia organizada, lo que de ningún modo es cosa menor.

La delincuencia organizada ha existido siempre, aunque con otros rostros y manifestaciones. En el pasado reciente el crimen organizado simplemente cohabitó con el poder público que, de esta manera, enfocaba sus esfuerzos en regular el tráfico de drogas que generaba jugosos dividendos para las élites del poder.

Así resultaban beneficiadas la élite política, la élite empresarial y la élite financiera, que es la ruta para ocultar y optimizar el dinero del crimen organizado que, tan sólo en el año 2011, generó dividendos por 11 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte interno del Banco de México.

Es decir, a final de cuentas el crimen organizado es parte inherente del sistema político mexicano tanto como otros países identificados como paraísos fiscales. Estamos en presencia, así, de estados nacionales que se nutren del crimen.

En Guerrero, donde se produce al menos la tercera parte de las 24 mil hectáreas sembradas con amapola en todo el país, las diferentes administraciones que han gobernado el estado simplemente se han hecho de la vista gorda cuando se trata de perseguir a la delincuencia organizada

Ninguno de los gobernadores anteriores -ni Rubén Figueroa Alcocer, ni René Juárez Cisneros, ni Zeferino Torreblanca, ni Ángel Aguirre- hicieron algo para combatir al crimen organizado

Por el contrario, en algunos casos hubo inclusive connivencia con poderosas bandas delincuenciales que, de manera subterránea, mantenían el monopolio de los delitos federales, especialmente del narcotráfico aunque también incursionaban en otras tipologías delictivas.

En octubre de 2002, mediante reportes de prensa fue posible conocer detalles del Consejo de Guerra que enderezó la Secretaría de la Defensa Nacional contra dos generales del Ejército a quienes se imputó nexos con cárteles de la droga. Esos generales eran Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, ambos ya fallecidos.

En el proceso penal 2080/2002, en el que la parte acusadora era la Procuraduría General de Justicia Militar, un testigo protegido de nombre Gustavo Tarín Chávez, exoficial del Ejército, relató cómo en los primeros años de la década de los noventa el capo Amado Carrillo Fuentes envió como regalo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer una camioneta blindada, un cargamento de 50 fusiles AK-47, 10 mil cartuchos para arma larga y 5 mil cartuchos para arma corta.

El intermediario era el general Acosta Chaparro, quien sin embargo se apropió del envío, del que el mandatario estatal no se enteró hasta años más tarde, en 1995, cuando Figueroa sostuvo una entrevista con Carrillo Fuentes en el hotel El Presidente del puerto de Acapulco.

Según el testimonio del exmilitar, el engaño quedó al descubierto cuando el capo Carrillo Fuentes -que entonces era el más poderoso barón de las drogas de México-, le preguntó a Figueroa si le había gustado su regalo. Ello obligó a Acosta Chaparro a devolver la camioneta blindada al mandatario, quien le permitió quedarse con el resto del cargamento.

Al margen de los resultados del juicio, que mantuvo un tiempo en una prisión militar al general Acosta Chaparro, este tipo de acuerdos ilustra la simbiosis que ha caracterizado la relación entre los gobiernos en turno y los poderes fácticos. El aspecto positivo de este tipo de acuerdos extralegales es que permitían mantener bajo control las explosiones de violencia que caracterizan a las formaciones criminales, proclives a asesinar ante la menor provocación, siempre bajo el principio de mantener su poder con base en el miedo.

Años después, esta calma chicha se rompió cuando al presidente Felipe Calderón se le ocurrió atacar a los cárteles de la droga para mejorar sus niveles personales de aceptación y confianza entre la población civil.

Empero, Calderón cometió un grave error: comenzó a perseguir a las bandas criminales sin un previo trabajo de inteligencia que le habría permitido direccionar el combate al narcotráfico. Esa decisión fue equivalente a golpear con un mazo un gigantesco panal de avispas.

El resultado de esa política persecutoria, que se convirtió en una guerra absurda, fue la fragmentación de las bandas criminales que, para entonces, ya eran parte de la economía informal y subterránea, con una amplia base social cautiva. Eso es lo que los diferentes gobiernos locales y federales heredaron en todo el país: un conflicto armado irregular en el que los muertos son siempre los pobres.

Con ese escenario, que convirtió al puerto de Acapulco en la ciudad más violenta del país, es con lo que se topó Héctor Astudillo al acceder al poder.

Con todo, en concordancia con el gobierno federal, Astudillo hizo en menos de un año lo que ningún mandatario anterior se había atrevido: capturar y encerrar a los más peligrosos y sanguinarios jefes criminales de uno y otro bando, incluyendo a Clara Elena Laborín, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, a quienes se les imputa el manejo y control de diferentes operaciones ilícitas cuyo denominador común han sido los asesinatos.

Al menos una veintena de mandos criminales han ido a parar a prisión durante el primer año de gobierno de Héctor Astudillo. Se dice fácil, pero…
¿Qué hizo Héctor Astudillo para combatir la violencia?

Con la premisa acción-error-rectificación, el Grupo de Coordinación Guerrero ha aplicado decisiones que paulatinamente han comenzado a arrojar resultados concretos:

1.-La construcción de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), en la ciudad de Iguala, que conjuga los productos de información e inteligencia criminal de las diferentes dependencias federales y locales involucradas en la persecución del delito.

2.- La sustitución total del personal a cargo de las cámaras de vigilancia, que muchas veces rendían informes a la delincuencia antes que a las corporaciones de seguridad. Ese personal fue sustituido por efectivos militares capacitados para tal fin.

3.- Compartimiento de la información, de modo que las operaciones de seguimiento se mantuvieron en absoluta secrecía, sólo conocidas por el mando superior en la Secretaría de Gobernación.

4.- Cambio de estrategia en la persecución del delito. Si antes teníamos a personal de la Policía Federal que se dedicaba al patrullaje disuasivo, ahora la estrategia anticrimen pasó a la etapa de la inteligencia operativa, que comenzó a identificar a los criminales más peligrosos para proceder en su contra.

5.- Adicionalmente, el gobernador Astudillo ha concertado inversiones de nueva infraestructura turística en Acapulco por más de un mil millones de dólares, en términos globales, con lo cual se generarán al menos unos 5 mil empleos directos en el sector turístico del puerto, sin descuidar otros polos de desarrollo.

Los resultados se comenzaron a notar en este mes de septiembre que recién terminó, cuando el índice de homicidios intencionales bajó un 32.5 por ciento en todo el estado, pero en el puerto de Acapulco decreció un 54 por ciento. ¿Acaso no ha sido meritorio el esfuerzo de este gobernador?

Es de elemental justicia que, al cumplirse el primer año de su gestión, se le reconozca su convicción para combatir la violencia y traer de regreso la gobernabilidad democrática al estado de Guerrero. Aunque falta mucho por hacer, es un buen principio.

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