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#Entérate: Fusión de inteligencia

#Entérate: Fusión de inteligencia

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

En su visita a Guerrero la semana pasada el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un anuncio por demás relevante que pasó de noche para la prensa local, no obstante las implicaciones que tendrá para el futuro de la seguridad tanto del estado como del país en su conjunto.

Osorio anunció la creación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), que comenzará a operar en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala. El anuncio no mereció mayor detenimiento por parte del círculo gobernante que simplemente lo promocionó como un respaldo político al gobierno de Héctor Astudillo. Así, sin más.

Empero, la trascendencia del anuncio va mucho más allá: este Centro Regional de Fusión de Inteligencia forma parte de un conglomerado de cinco instancias idénticas en proceso de instalación en puntos estratégicos del país, como una nueva estrategia de seguridad nacional para prevenir, atender o reaccionar en tiempo real ante amenazas internas o externas a la estabilidad del país.

Es un proyecto cuyo andamiaje jurídico se comenzó a construir en 2013 -aunque el esbozo existía desde 2012- para ofrecer respuestas oportunas a cualquier tipo de amenaza a la seguridad nacional, todo ello a partir de la construcción de una Ley Nacional de Inteligencia y la integración de diagnósticos de inteligencia-contrainteligencia elaborados a partir de la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Estos cinco CERFI responderán a un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), que se supone actuará como el organismo cumbre en la construcción de inteligencia estratégica, táctica y operativa para todo el país.

El proceso se ha desarrollado en el mayor sigilo dadas las características del proyecto, que implica una absoluta secrecía, pero cuyos diagnósticos se supone que modularán la actuación del Estado Mexicano en su conjunto y, por extensión, la políticas públicas que se aplicarán en el futuro inmediato. Es, por tanto, una decisión de la mayor trascendencia para Guerrero y para la nación.

En el pasado reciente, la historia de los servicios de inteligencia -carentes de una regulación efectiva en la ley- han pasado por etapas que podrían definirse, por lo menos, como accidentadas.

En lo general, la inteligencia gubernamental federal ha sufrido cortes cada seis años conforme se producían los relevos sexenales en el equipo gobernante que, hasta el 2000, pertenecía a un mismo partido, el PRI. Por contrapartida, las formaciones criminales y la disidencia política armada han mantenido una línea de continuidad que se traduce en un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años, por lo menos.

En el año 2000, con el arribo inminente del panismo a la Presidencia de la República, se produjo una ruptura dramática en los procesos de información sensible de los servicios de inteligencia militar, naval y civil: los mandos de entonces recibieron una orden superior para quemar toda la información y diagnósticos de inteligencia existentes, lo que se tradujo en la destrucción de muchísima información relevante.

Esa orden sólo pudo provenir del presidente Ernesto Zedillo, quien privó así al gobierno de Vicente Fox de mucha información sensible que le pudiera servir para su gestión.
Pero tampoco hacía mucha falta semejante destrucción de inteligencia: el propio Vicente Fox, con el razonamiento primitivo que lo caracteriza, ordenó desmantelar el servicio de inteligencia civil, el CISEN, con el argumento de que ya no servía puesto que “la democracia ya llegó al país”.

Así, los servicios de búsqueda de información del gobierno federal tuvieron que recomponer la situación hasta donde los mecanismos formales lo permitieron, especialmente los servicios militares. Pero el CISEN quedó en una situación de completa vulnerabilidad. Tan es así que los informes de esa instancia carecen actualmente de credibilidad.

Ello se nota en versiones que han trascendido a través de reportes de prensa en las que se intercalan nombres de liderazgos del movimiento social o magisterial que supuestamente militan en el movimiento armado, en una u otra facción. Así las cosas, los mandos guerrilleros han de estar muertos de risa.

Si es verdad que los cinco CERFI que se instalan en el país trabajarían en la prevención de riesgos y amenazas inclusive externas -como pudiera ser la operación de una célula terrorista en el país-, entonces estaremos verdaderamente ante un giro de 180 grados en el establecimiento de un verdadero sistema de inteligencia que, por necesidad, deberá estar regulado por una Ley Nacional de Inteligencia que establezca límites en lo que respecta a la privacidad de los ciudadanos mexicanos. Claro que no es cosa menor.

Lamentablemente en lo que toca al gobierno estatal su aportación sería de escasa o nula ayuda para este CERFI, por la sencilla razón de que no existe un organismo local de análisis de inteligencia.

Porque a la fecha lo que tenemos, en lo local, es el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) que funciona como una instancia de discusión sobre temas de inteligencia, pero que dista mucho de tener esos alcances. Hasta ahora las instancias de búsqueda de información actúan cada cual por su lado, con un celo extremo que les impide compartir la información.

Se supone que esa sería la principal característica del CERFI: que todos los órganos de información, militares y civiles, compartirían sus productos para pasar luego a la etapa de elaboración de diagnósticos de inteligencia que permitan a la autoridad tomar decisiones y políticas públicas con base en información verdaderamente confiable.

Significaría también que organismos cerrados, como la Inteligencia Militar e Inteligencia Naval, podrían a disposición de ese centro sus archivos secretos, que con seguridad contienen información relevante sobre narcotráfico y corrupción, lo que permitiría a la autoridad civil, señaladamente a Osorio Chong, conocer de muchos asuntos sensibles que duermen el sueño de los justos en los sótanos de alguna oficina castrense.

Esperemos a ver cómo evoluciona este proyecto de interés primordial para los mexicanos y, en lo particular, para los guerrerenses.

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