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#Entérate: Estrategia de combate.

#Entérate: Estrategia de combate.

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

En el marco de los 100 días de gobierno de Héctor Astudillo, celebrado la víspera por la clase política priista, es pertinente ofrecer una lectura de lo que, en perspectiva, ha logrado, o no, frente al descomunal desafío del combate a la violencia delincuencial que azota con aterradora persistencia a la población.

Con el discurrir del tiempo, pinta con mayor claridad la ruta que ha comenzado a transitar la gestión de Astudillo en el cumplimiento de compromisos contraídos ante la comunidad guerrerense, particularmente en un contexto de sequía de recursos generada en el histórico desfalco de las finanzas públicas.

Esos focos de violencia delincuencial se localizan con mayor particularidad en la Tierra Caliente, la Zona Norte, la Zona Centro -especialmente en las ciudades de Chilpancingo y Chilapa- y en el puerto de Acapulco.

En principio es de justicia observar un cambio sensible en la postura oficial, que transitó de la simulación de administraciones anteriores -particularmente en los períodos de René Juárez, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre-, a un compromiso firme y adusto con la población guerrerense, que se traduce en una inequívoca política de contención de los embates delincuenciales.

Durante los gobiernos ya citados de Juárez Cisneros y Torreblanca Galindo, germinaron y se consolidaron las estructuras delicuenciales que, con el tiempo, se convirtieron en un azote para la población. El gobierno de Aguirre simplemente nunca los combatió.

Esto es necesario más claramente: transitamos de un juego de simulaciones de gobiernos anteriores a una línea de contención armada de la delincuencia, que esperemos se traduzca en una política pública fundamental para el interés de la ciudadanía.

De hecho, que asumió el poder, Héctor Astudillo estuvo cobijado por el gabinete de seguridad y el gabinete social del gobierno de la república, lo que envió un mensaje muy claro a la sociedad política en el sentido de que el combate a la delincuencia tanto como el acento en lo social, serían las características de su gobierno.

Para el efecto, el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, fue designado como coordinador de la estrategia anticrimen que lanzaría de lleno a las Fuerzas Federales contra las formaciones delincuenciales que han cobrado carta de naturalización en Guerrero.

Pero en un principio, debido al parecer por un incidente ocurrido en la comunidad de Carrizal de Bravo, en el municipio de Chichihualco -donde cientos de enfurecidos pobladores retuvieron a cerca de 200 militares-, hubo algunas discrepancias de los mandos castrenses que actuaron con renuencia en el caso de los ataques ocurridos en algunos poblados de la Sierra Madre del Sur, señaladamente en la comunidad de Poixtepec, en el área colindante con el municipio de Tlacotepec.

Los militares fueron acusados por las guardias comunitarias de que, en lugar de perseguir a los delincuentes que atacaron al pueblo de Polixtepec, procedieron a desarmar a las autodefensas para dejarlos a merced de los bandidos, como finalmente ocurrió, con resultado de un muerto y un desaparecido

Ese incidente, aún no explicado, provocó un nuevo roce con las autodefensas que ya tenía en su haber una situación similar en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, donde en agosto de 2013 su base social encerró a un grupo numeroso de militares durante más de 24 horas, incidente que estuvo a punto de terminar en una confrontación y que causó la ruptura entre el gobierno federal y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

En el caso de Chichihualco, los pobladores de algunas comunidades de la región acudieron en masa a solicitar el auxilio del gobernador, quien les garantizó la presencia de Fuerzas Federales encabezadas por el Ejército Mexicano y la Armada de México. Pero estas fuerzas nunca acudieron y el resultado fue más violencia.

Sin embargo, Astudillo logró recomponer la situación y, ante nuevas agresiones delincuenciales, como el caso de los ciudadanos privados de su libertad en Arcelia y Ajuchitlán, hubo una postura efectiva de las Fuerzas Federales que lanzaron un embate de más de 500 hombres armados con apoyo aéreo, en un inédito operativo de búsqueda de los secuestrados. Aunque hubo cuatro víctimas mortales causadas por este episodio, el operativo logró la libertad de 25 personas que estaban en poder de los criminales.

El paso siguiente fue diagnosticar la situación de violencia en el corredor entre Chilpancingo y Chilapa, donde miles de pobladores viven en una situación permanente de zozobra e incertidumbre por las constantes agresiones de dos bandas delincuenciales activas, Los Rojos y Los Ardillos, que tienen en su haber más de un centenar de desaparecidos, sin contar con las muertes brutales cometidas contra los pacíficos habitantes de Zitlala, que han visto a muchos de los suyos caer asesinados por la irracionalidad de estos grupos.

Como resultado del diagnóstico, los gobiernos federal y estatal pactaron el envío de más de 3 mil 500 efectivos de tropa, con auxilio de 200 agentes federales y otros 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se supone que estos operativos están basados en un diagnóstico de inteligencia, de modo que es de esperar resultados en el corto plazo para llevar ante la justicia a los responsables de tanta tribulación.

Estaríamos presenciando, entonces, una nueva fase de esta campaña de combate a la violencia, que es la persecución del delito, responsabilidad que recae sobre la Fiscalía del Estado tanto como en la Procuraduría General de la República (PGR).

Si la política de contención armada cuenta con una planificación, entonces la persecución del delito y, finalmente, la impartición de justicia, deben arrojar resultados en breve. Se escribe con facilidad, pero se trata de un desafío extraordinario en el que particularmente la FGE deberá atrapar a los sujetos que han causado tanto luto y dolor entre las familias guerrerenses, en particular las regiones mencionadas. Habremos de regresar sobre este tema.

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