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#Entérate: El tenebroso bosque de la política mexicana

#Entérate: El tenebroso bosque de la política mexicana

Médula
Por Jesús Lépez Ochoa

Fue apenas en abril. El PRD informó que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a todos sus candidatos en Guerrero. Seis meses después un alcalde de ese partido, el de Cocula, es detenido a los 29 días de haber asumido el cargo, en compañía de uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos y un asesor legislativo.

¿Qué pasó con ese anuncio que dirigentes perredistas como Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo y Dolores Padierna, entre otros, hicieron por todos los medios posibles? ¿Se trataba solamente de convencer a los electores que podían tener la seguridad de que en la elección del 7 de julio no habría otro José Luis Abarca anotado en las boletas con el logo de su partido?

Como estrategia electoral falló porque el PRD perdió la elección de gobernador en Guerrero. Como una acción para que el partido no fuera nuevamente infiltrado por el crimen organizado, también fracasó.

Según los hechos acontecidos hasta ahora el perredismo fue nuevamente utilizado para poner al menos a un alcalde al servicio de un grupo delincuencial. El mismo con el que se vincula al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y de un municipio involucrado en la tragedia de Iguala: Cocula.

Según el padre de Eric Ulises Ramírez, el alcalde detenido habría sido secuestrado por miembros de la agrupación criminal cuando fue capturado por el Ejército y la Policía Federal en el estado de Morelos.

Ambas instituciones no reportaron el rescate de una autoridad secuestrada, sino la detención de presuntos integrantes de un grupo criminal.

Si se argumentase un uso político de la fuerzas armadas para dar el tiro de gracia a una oposición debilitada por sus abusos del poder, pero también por el pragmatismo con que ha diluido su ideología social demócrata en alianzas con cuanto partido o personaje le asegure posiciones; lo más que podría obtener, sería el beneficio de la duda.

Aunque, dicho beneficio difícilmente lo otorgaría una sociedad profundamente lastimada y escéptica luego de la masacre de Iguala donde murieron seis personas y hay otras 43 desaparecidas, por las cuales, los ojos del mundo siguen puestos en Guerrero.

La reciente declaración del delegado nacional del PRD en el estado, Guadalupe Acosta Naranjo, quien expresó: “en el PRD no somos ministerios públicos”, y la respuesta de la PGR en el sentido de que no tiene atribuciones para verificar los antecedentes de los candidatos a cargos de elección popular, son una fuerte dosis de levadura para la incredulidad y la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y las autoridades.

Si los partidos no indagan antecedentes criminales de sus candidatos ni las instituciones del gobierno los verifican ¿entonces quién? Si existe esa laguna legal ¿por qué diputados y senadores no han hecho absolutamente nada por subsanarla?

El PRD es el árbol más caído de ese tenebroso bosque en que se ha convertido el sistema político mexicano en el cual, quienes no han sido responsables por acción, lo han sido por omisión.

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