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#Entérate: Desesperanza

#Entérate: Desesperanza

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

Hartos de la delincuencia imparable que mantiene sojuzgado al comercio formal e informal del puerto de Acapulco y de la capital Chilpancingo, destacados liderazgos patronales lanzaron una iniciativa para buscar soluciones a la violencia que tiene ahogada a la economía.

Dirigentes del sector privado como Julián Urióstegui, Fidel Serrato, Adrián Alarcón, Arcadio Castro y, señaladamente, Laura Caballero, decidieron afrontar el acoso criminal frente a autoridades municipales, estatales y federales que no han podido capturar ni detener los embates de las bandas delincuenciales que se han convertido en el azote de la población civil.

Ese es el problema: que la delincuencia se volvió contra la población, a la que mantiene bajo una tiranía de terror que, más temprano que tarde, provocará una reacción enfurecida de algunos sectores urbanos que ya debaten, en reuniones a puerta cerrada, cómo organizar una estructura armada que responda al acoso criminal.

Y esa es una lógica consecuencia del terrorismo causado por el crimen: que, en el mejor de los casos, surjan grupos urbanos de autodefensa o, en un caso extremo, escuadrones de la muerte. A estas alturas de la situación, cualquier opción de defensa armada sería bien vista por la población que, según ha trascendido en diferentes núcleos comunitarios, está desesperada por la forma en que ha evolucionado la problemática de la violencia, que amenaza a todas las familias.

Por lo menos en el puerto de Acapulco, no existe una familia que no haya sido tocada, así sea tangencialmente, por los embates del crimen organizado o por las bandas de delincuencia común que han proliferado como bacterias en una herida infectada, ante el vacío de autoridad que prima en el puerto.

Desde enfoques diferentes -pero coincidentes en el objetivo primario de la autodefensa- algunos líderes patronales han solicitado licencia de portación de arma a la Secretaría de la Defensa, otros han redoblado su seguridad y, en un caso sorprendente, el liderazgo que representa Laura Caballero, convocó a un acuerdo en común entre autoridades, sector privado, sector social y los mandos de la delincuencia organizada.

Históricamente apolítico, la iniciativa del sector privado para buscar una salida negociada con el crimen organizado revela el nivel de gravedad en que han derivado las cosas. Para ser más claros: ya tocamos fondo, por lo menos en el puerto de Acapulco.

Inmerso por completo en el juego sucesorio por la presidencia de la república, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, cobijado por el gabinete federal de seguridad, vino en fecha reciente al puerto de Acapulco para decir que todo está bien, que la temporada turística fue exitosa, que el delito extorsivo va a la baja, que los delincuentes se matan entre ellos, y que las cifras de muertos siguen siendo las mismas.

O el secretario Osorio está desinformado o mintió a sabiendas, quizá para enviar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía.

Lo grave aquí es que un funcionario del más alto nivel no puede engañar, de ninguna manera, a una ciudadanía víctima de la tiranía del terror que obliga a las familias a guardar a sus hijos apenas oscurece, sabedores de que la violencia irracional los puede alcanzar en cualquier momento. El caso es, secretario, que las familias acapulqueñas viven al borde del terror.

¿Las mismas cifras de muertos? Apenas el jueves 6, el diario El Sur publicó un recuento propio que arrojó la cifra de 527 ejecutados en el primer trimestre del año, un 51 por ciento más muertos que en el mismo período de 2015. El recuento periodístico, hay que decirlo, tiene mayor credibilidad que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se basan en las averiguaciones previas levantadas ante el Ministerio Público. Pero sabemos que un gran número de familias no denuncian ante el MP por desconfianza o miedo.

¿Qué la temporada turística fue exitosa? Eso sí es verdad, pero también fue la más sangrienta: 60 muertos en dos semanas, como para “marcar” la temporada y, de paso, golpear a los gobiernos en turno.

¿Qué la extorsión va a la baja? Sólo hay que fijarse en los cientos de negocios fijos y semifijos del interior del casco urbano y de la periferia de Acapulco, para encontrarse con un panorama de desolación.

La extorsión a los establecimientos comerciales, por una u otra banda delictiva, es precisamente lo que orilló a los comerciantes organizados a tomar al toro por los cuernos buscando inclusive una negociación o algún tipo de pacto con los criminales, postura que precisamente se desahogará esta semana en el puerto de Acapulco.

Una estimación somera permite calcular en unos 30 a 40 mil el número de establecimientos -chicos, medianos y grandes- que son víctimas de la extorsión por parte de diferentes grupos del crimen organizado que, de esta manera, está acabando con la economía popular del puerto de Acapulco. Hay reportes confiables de que, en las colonias de la periferia, los bandidos ya comenzaron a cobrar una suerte de impuesto a los domicilios particulares. El colmo.

Por ello será interesante ver si los líderes del sector privado y sus representados llegan a algún acuerdo que permita, por sí solos, enfrentar al monstruo de la delincuencia. Si llegan a alguna decisión, por insólita que parezca, las autoridades estarían obligadas a intervenir.

Todos los indicios apuntan a que algo va a pasar, después de que la comunidad acapulqueña ya tocó fondo en esta crisis sin fin. Esperemos.

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