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#Entérate: Crece el número de ataques a defensores ambientales en el gobierno de Peña Nieto.

#Entérate: Crece el número de ataques a defensores ambientales en el gobierno de Peña Nieto.

En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han incrementado los casos de agresiones y ataques a personas defensoras ambientales y de derechos humanos en México. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en 2010 se registraron 10 ataques, 16 en 2011, 23 en 2012, 53 en 2013, 87 en 2014 y 109 de junio de 2014 a junio de 2015.
Por: Margarita Campuzano

Para nadie es novedad que, históricamente, en México han ocurrido abusos y despojos en contra de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Nuestro país enfrenta la triste paradoja de que muchos de los sitios considerados sagrados en la cosmovisión de los indígenas, las tierras que han habitado por generaciones, así como los ecosistemas ricos en biodiversidad que han aprovechado durante cientos de años, resultan de alto valor económico para quienes desde el gobierno o el sector privado buscan emprender proyectos de gran envergadura relacionados con la industria extractiva, energética, plantas industriales, actividades turísticas, puertos, centros de comunicación o urbanos, redes de transporte, presas, bases militares o vertederos de residuos tóxicos.

Es así que cuando se compite por un mismo bien, surge un conflicto que, debido a las grandes desigualdades económicas y sociales, en muchos casos se resuelve a favor de quienes detentan el poder, las influencias y los recursos económicos. En numerosas ocasiones esto implica graves violaciones a los derechos humanos de las personas. Con frecuencia, el Estado mexicano aprueba los permisos administrativos que amparan los megaproyectos sin informar o permitir la participación de los afectados, a pesar de que así lo requieren los tratados internacionales y los artículos constitucionales relevantes.

Estos proyectos de desarrollo generalmente conllevan grandes impactos sobre el territorio y sobre las comunidades afectadas, provocando en muchos casos protesta y rechazo social, violaciones de derechos humanos y el despojo de los territorios y de los recursos naturales de las comunidades que los han preservado. Dados los poderosos intereses que enfrentan, las personas que deciden defender sus recursos y sus derechos humanos sufren, en no pocas ocasiones, persecución y actos de intimidación cuyo objetivo es hacerlos desistir de su causa.

Durante los tres años de la administración de Enrique Peña Nieto se han incrementado los casos de agresiones y ataques a personas defensoras ambientales y de derechos humanos en México. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ha llevado un registro continuo de los casos de ataques y agresiones a defensores ambientales desde 2010. Gracias a este análisis, se puede apreciar un aumento continuo en el número de éstos, puesto que en el año 2010 se registraron 10 ataques, en 2011 se registraron 16 , en 2012, 23 agresiones; para el 2013 se contabilizaron 53; durante el 2014 el registro aumentó a 87 casos y, finalmente, en el periodo que va de junio de 2014 a junio de 2015 la cifra contabilizada es de 109.

La recopilación de la información se obtuvo fundamentalmente de tres fuentes: a) casos de agresiones o ataques a defensores y defensoras ambientales publicados en medios de comunicación, principalmente notas periodísticas; b) informes recibidos por otras organizaciones no gubernamentales (ONGs) que realizan un trabajo en el tema de defensores de derechos humanos; y c) información recibida de primera mano o por parte de los defensores víctimas de agresiones, información a la que se ha tenido acceso por el mismo trabajo que CEMDA realiza.

El estado con mayor número de casos registrados es Sonora con 16 agresiones, le sigue Oaxaca con 13 y el Estado de México con 12; Guerrero con 9 casos; Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con 8 casos; el Distrito Federal con 6 y Morelos con 5 casos; Veracruz con 4; Sinaloa con 3; Michoacán con 2; Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con 1 caso.

En lo que se refiere a la clasificación del ataque, de acuerdo al tipo de megaproyecto se encontró que los conflictos donde el tema central es el agua han sido los más comunes durante estos últimos quince meses, llegando a 27 casos, e involucran su explotación, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin.

Otros casos registrados de ataques a defensores por tipo de proyecto son 16 hidroeléctricos, 13 mineros, 11 inmobiliarios, 10 casos en temas de tierra (despojo), 8 en proyectos eólicos, 7 de infraestructura (principalmente carreteras), 5 en actividades relacionadas con hidrocarburos, 4 casos donde la reclamación es meramente ambiental, 3 sobre proyectos turísticos, 2 sobre contaminación, 2 sobre proyectos forestales, y uno sobre una termoeléctrica.

Como ejemplos hubo casos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca por la instalación de proyectos eólicos; en San Bartolo Ameyalco en el Distrito Federal, así como casos en la Sierra Norte de Puebla por proyectos mineros, fracking, obras hidráulicas e hidroeléctricas; en La Concepción -en el estado de Guerrero- por un proyecto hidroeléctrico; las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui han sufrido persecución por oponerse a la operación ilegal del Acueducto Independencia en Sonora; en el Zacatal, Chiapas por la construcción de obras hidráulicas; en Tepic, Nayarit por la construcción de un proyecto hidroeléctrico; en la comunidad de Mezcala de Asunción en Jalisco por la protección del bosque y del agua; en Amilcingo, Morelos por la instalación de un gasoducto; en la ciudad de Chihuahua por la perforación ilegal de pozos; en La Sierrita en Durango por una minera; en Nuevo León se encuentran los opositores al proyecto Monterrey VI; ejidatarios opositores a un gasoducto en Chihuahua; integrantes de la agrupación que denunció corrupción en el manejo de las aguas en la región de Zongolica en el estado de Veracruz por la instalación de un proyecto hidroeléctrico; y en San Pedro Apatlaco, Morelos por la operación de una termoeléctrica, entre otros.

En cuanto al tipo de agresión, se identificaron 75 amenazas (personales, telefónicas o electrónicas), 25 agresiones físicas (personales o en grupo), 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o en la vía pública), 11 asesinatos, 3 casos de difamación hacia ONGs y 2 casos de uso indebido de la fuerza.

Llama la atención el dato de enjuiciamientos a defensores ambientales, muchas veces en oposición a megaproyectos, los cuales logran detener o mermar la actividad de líderes, autoridades comunitarias y municipales que buscan proteger los derechos humanos de su población. Ejemplos de criminalización de defensores ambientales son las detenciones y encarcelamiento de los defensores de la Tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes fueron recientemente liberados por faltas de elementos para procesarlos. Se encuentran también los opositores de un proyecto turístico en Cholula, Puebla y la detención de Marco Antonio Suastegui, líder opositor a la construcción de la presa “La Parota” en Guerrero.

En cuanto al tipo de agresor, de los 109 registros de ataques a defensores ambientales, en 49 casos el autor es no identificado, en 37 el o los ataques fueron ejecutados por personas identificadas como autoridades, en 13 casos por miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto), en 7 casos los autores fueron identificados como personas relacionadas con la empresa promovente del proyecto y por último, en 3 casos el agresor fue identificado como personas ligadas a la delincuencia.

El informe señala que existe una discrepancia entre el número de ataques registrados por éste y el que maneja el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. En los tres años que tiene de funcionar, el Mecanismo sólo ha dado protección en 27 solicitudes, mientras que la sociedad civil ha contabilizado casi 200 casos en solamente un registro hemerográfico. Esto se debe, principalmente, a que muchos de los casos que sí llegan a los medios de comunicación no son denunciados de manera formal ante el Mecanismo.

Es por ello que, entre las recomendaciones que se desprenden del Informe se encuentra la de que el Mecanismo actúe de oficio cuando se entera por nota periodista de la existencia de un ataque en contra de los defensores ambientales. Otras propuestas incluyen evitar la aprobación de proyectos de desarrollo sin el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas; suspender dichos proyectos cuando existan evidencias de ataques en contra de un defensor ambiental; realizar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer los riesgos y desafíos existentes; implementar acciones adecuadas, eficaces y oportunas de prevención; destinar los recursos humanos y económicos necesarios y con los perfiles adecuados para desempeñar sus funciones; y, finalmente, hacer un reconocimiento por parte del Estado mexicano hacia las personas defensoras ambientales, y garantizar el libre ejercicio de su trabajo.

El informe completo del Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales se puede consultar aquí.

*Margarita Campuzano es Directora de Comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (@CEMDA), organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que desde hace 22 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Somos una de las principales organizaciones de la sociedad civil ambiental en México cuyo eje fundamental de trabajo es el Fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente.

Fuente: Animalpolitico.com
Foto: Internet

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