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#Entérate: Adiós, Migue

#Entérate: Adiós, Migue

BAJO FUEGO: José Antonio Rivera Rosales

El brutal atentado que terminó con la vida del dirigente popular Miguel Ángel Jiménez Blanco sólo hizo patente el punto de quiebre por el que atraviesan las policías comunitarias, conocidas también como autodefensas.

Jiménez Blanco, conocido simplemente como Migue por sus allegados, fue emboscado de manera artera la tarde del sábado 8 sobre la carretera federal México-Acapulco, en las inmediaciones de su comunidad de origen, Xaltianguis.

Migue no era cualquier dirigente: incursionó en el activismo social a partir de abril de 2013, cuando con la representación de los habitantes de su comunidad se integró al Sistema de Seguridad y Justicia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

En agosto presentó la primera brigada femenil de policía ciudadana, integrada por un centenar de mujeres de Xaltianguis que, con pleno respaldo popular, comenzaron a patrullar el interior de la comunidad mientras los grupos de varones hacían lo propio sobre la carretera y los puntos más conflictivos, donde llegaron a tener algunos intercambios de fuego con las bandas delincuenciales que asolaban a la población, particularmente con el grupo conocido como Los Rojos.

Para dar una idea del clima de violencia que se había desatado en Xaltianguis, baste decir que en ese pueblo de menos de 20 mil habitantes, se llegaron a contar 200 muertes violentas en menos de dos años (2011-2012), lo que provocó que decenas de familias emigraran hacia otros lares para proteger a sus seres queridos.

De ese tamaño era la inseguridad en Xaltianguis cuando decidieron unirse a la UPOEG. Huelga decir que durante esos días aciagos, jamás recibieron ayuda del Ayuntamiento de Acapulco ni, mucho menos, del gobierno del estado.

Así pues, la única salida de la población era unirse a la autodefensa popular armada protagonizada por la UPOEG y sus cientos de policías comunitarios, que en abril de 2013 irrumpieron en esa comunidad para ofrecer respaldo a la naciente policía comunitaria local, tal como hicieron un mes antes en Tierra Colorada, donde un grupo de bandidos al servicio de la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez había asesinado a uno de sus cuadros, el comandante Guadalupe Quiñones Carvajal.

En los hechos, esas dos incidencias -en Tierra Colorada y Xaltianguis- fueron los detonantes para que la UPOEG extendiera su actuación fuera de su ámbito original de competencia: los municipios de Ayutla y Tecoanapa.

Cuando estalló la matanza de Iguala, en septiembre de 2014, Jiménez Blanco fue designado por la dirigencia colectiva de la UPOEG para auxiliar en la búsqueda de los estudiantes perdidos, dado que unos 14 de los 43 jóvenes desaparecidos eran oriundos de Tecoanapa y Ayutla, e hijos de comunitarios.

En octubre siguiente, fue Migue quien dio cuerpo e impulso a las decenas de familias que, a raíz de los sucesos de Iguala, comenzaron a reclamar a familiares desaparecidos en los dos años anteriores, es decir, entre 2012 y 2013, movimiento que determinó denominarse “Los Otros Desaparecidos”.

Más tarde, al calor de las reuniones para organizar la búsqueda de sus seres queridos ausentes, todas esas familias agraviadas se percataron de que en Iguala y municipios circundantes había casos de desapariciones que se remontaban a 2008 inclusive, reinado de terror en que participaban, en una simbiosis criminal, los narcotraficantes y la Policía Municipal de Iguala (La banda delincuencial denominada “Guerreros Unidos”, autora de muchas desapariciones, se constituyó a partir de 2010).

La labor impulsada y coordinada inicialmente por Jiménez Blanco ha permitido hasta ahora la localización de más de 102 cuerpos depositados en tumbas clandestinas, operación que a lo largo de varios meses llevaron a cabo los agraviados sin el auxilio de ninguna autoridad. La Procuraduría General de la República (PGR) se incorporó a la búsqueda, sólo cuando los familiares de desaparecidos alcanzaron resultados tangibles e innegables.

La agrupación “Los Otros Desaparecidos” cuenta actualmente con un registro de más de 500 personas desaparecidas tanto en el municipio de Iguala como en los municipios colindantes o, inclusive, provenientes de regiones de los estados de Morelos y de México, que perdieron contacto con sus familias cuando ingresaban al territorio guerrerense. Es, por donde quiera que se le vea, una situación horrenda.

En una entrevista reciente, Jiménez Blanco estimó entre 600 y 800 el número de cuerpos enterrados en las inmediaciones de Iguala. Esa labor, titánica y dolorosa, fue en la que el dirigente ofreció su ayuda, su comprensión y su respaldo. El único pago que obtuvo por ello fueron varios tiros en el pecho que terminaron arteramente con su vida.
Su muerte, por otra parte, expone el punto de quiebre al que llegaron las diferentes policías comunitarias: o llegan a un acuerdo de auto regulación, o entran en una fase de descomposición que generará un escenario potencialmente explosivo para el estado de Guerrero.

Si en un plazo mediato el gobierno no logra insertarlas en la legalidad, a través de la auto regulación pero ceñidas también a una normatividad legal, los diferentes cuerpos comunitarios y de autodefensa armada se convertirán en milicias independientes con destino incierto: o se alinean con el narco, o venden sus servicios a grupos de poder, o terminan subvirtiendo el orden público. Cualquiera que sea su destino, ni duda cabe de que se convertirán en un gran problema de seguridad nacional, un agregado más al clima de violencia que azota a la población.

El Gobernador Rogelio Ortega Martínez lo sabe muy bien. De ahí sus esfuerzos por integrar en una sola formación, ceñida a una estricta normatividad legal, todas las policías comunitarias, labor que se antoja imposible. Pero si no lo hace, le dejará ese paquete explosivo al Gobernador entrante Héctor Astudillo Flores.

Para dar una idea de la gravedad del problema baste citar un parámetro, guardadas las distancias y motivaciones: durante la década de los setenta, el profesor Lucio Cabañas Barrientos puso en jaque a todo el sistema político mexicano con un centenar de hombres en armas.

En la actualidad, la UPOEG cuenta con 5 mil hombres en armas, la CRAC-PC tiene casi 2 mil hombres y el FUSDEG mantiene en operación un millar de supuestos comunitarios, sin contar con los cientos de fusiles que con seguridad se guardan en los hogares de los involucrados. Todos esos cuerpos de seguridad comunitaria están diseminados en tres regiones -Montaña, Costa Chica y Región Centro- que totalizan casi la mitad de los municipios de Guerrero.

Además de las tres agrupaciones mayoritarias de autodefensa -porque hasta ahora eso es lo que son: grupos de autodefensa popular armada, dado que ninguno ha entrado en la fase del desarrollo social y económico que tanto pregonan-, existe un número indeterminado de pequeños grupos de autoprotección en otras regiones: el de San Luis La Loma, en Tecpan; de Lindavista, en San Miguel Totolapan; de Tlacotepec, en la cabecera del mismo nombre; además de los de Chichihualco y de Apaxtla de Castrejón, por citar algunos de los grupos locales más conocidos.

Todas esas agrupaciones se manejan a su libre arbitrio, sin ninguna acotación, ordenamiento ni supervisión que las regule, lo que favorece un proceso de descomposición en ciernes que parece inevitable. Homologación, auto regulación y normatividad son inaplazables.

De otro modo, pues…

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