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#Entérate: Acoso mortal

#Entérate: Acoso mortal

BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales
En las últimas semanas el alcalde Evodio Velázquez ha recibido nutrida metralla de la plantilla de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), que jefatura Luis Walton Aburto.

Esos misiles, que tomaron cuerpo en una denuncia penal interpuesta y ratificada ante la Procuraduría General de la República (PGR), evidencian la intención malsana de reventar la trayectoria meteórica del joven político de izquierda en su ruta a la gubernatura.

Lo que trasluce esta supuesta disputa política entre los empleados de Walton y el alcalde perredista en realidad trasciende a las elecciones locales de 2018, proceso electoral en el que se jugará un reacomodo político definitivo con miras al relevo gubernamental de 2021.

En este sentido, lo que parece adivinarse en este burdo juego de simulaciones es una alianza entre personajes controvertidos, carentes de ética política, que buscan sacar raja del futuro político de Guerrero. Uno de esos personajes es, obviamente, Luis Walton. Pero al momento se desconoce quién sería la contraparte de este acuerdo perverso que, en su objetivo, buscaría derribar a un oponente con potencial en la puja por la gubernatura.

El conflicto artificial entre MC y el alcalde surgido de las filas del PRD tiene todos los elementos de una estrategia irregular a la que han dado en llamar “guerra preventiva”. Es decir, noquear a la competencia para bajarla del cuadrilátero antes de tiempo.

En este caso, desacreditar a Evodio para inhabilitarlo políticamente. No sea que pretenda presentarse como candidato de la izquierda para los comicios por la gubernatura del 2021, en particular si su gestión resulta ser exitosa como todo parece indicar, de acuerdo con los resultados alcanzados por la temporada turística invernal en la que las cifra de visitantes alcanzó una extraordinaria afluencia de más de 800 mil turistas, la mejor en los últimos 12 años.

Pero la disputa con los mandaderos de Walton pareciera ser el menor de los problemas del munícipe dado que parece poco probable que la PGR proceda en su contra por, supuestamente, haber violado la ley al instalar mandos policiacos sin certificar.

El verdadero riesgo radica en los grupos del crimen organizado que, en mantas y cartulinas, han comenzado a amenazarlo por no acatar sus exigencias.

Las mantas instaladas en distintos puntos del puerto el día 27 de enero han sido las más explícitas, particularmente la que fue colocada en la entrada del Palacio Papagayo: le recriminan hacer cesado al secretario de Seguridad Pública y, en seguida, le advierten: “Ten cuidado tú y tu gente”.

Días después, en una cartulina colocada junto a un ejecutado, en tono irónico le recriminan que no ha querido mover a mandos municipales supuestamente involucrados con un grupo rival de la delincuencia organizada.

De manera errada, a esas amenazas Evodio le ha dado una interpretación política vinculada con el embate legal y mediático de que ha sido objeto por parte del grupo de Movimiento Ciudadano. Puede que así sea. Pero lo más probable es que no.

El año pasado, entre abril y octubre cuatro comandantes de la Policía Preventiva Municipal fueron ejecutados por sicarios luego de ser señalados en mantas y cartulinas -es decir, igual que ahora- de servir a uno de los grupos de delincuencia organizada que operan en el puerto de Acapulco.

Después, a principios de noviembre fue ultimado a tiros el regidor priista Jesús Gallardo, seguido por el homicidio de Jesús Antonio Lemus, abogado de los policías y, finalmente, el 7 de diciembre, fue ejecutado Luis Andrés Lara García, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento y amigo personal del alcalde. Ello, sin mencionar una cantidad indeterminada de policías rasos que han sido asesinados a todo lo largo de 2015.

Desde hace por lo menos tres años la delincuencia organizada dirigió sus baterías hacia el segmento partidista del estado, implicando a una camada de políticos que han sucumbido ante la tentación del poder y el dinero, lo que ha puesto a diferentes cargos de elección popular -especialmente alcaldes y diputados- al servicio del crimen, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía. Pero fue el año pasado cuando en Guerrero las bandas delincuenciales comenzaron a secuestrar y asesinar a candidatos.

Toda esta vorágine de locura tiene una lógica: la delincuencia ya aprendió que controlando el poder político controla un territorio con mayor eficiencia, lo que dispara sus ganancias.

De acuerdo con información fidedigna, en el caso de Acapulco tres de esos grupos criminales establecieron algún tipo de alianza para apoderarse de la plaza a sangre y fuego. Son esos grupos los que lanzaron las amenazas contra el alcalde Evodio Velázquez, amenazas que de ningún modo debieran ser desestimadas.

La información disponible apunta a que efectivamente esas bandas delincuenciales intentan presionar al alcalde para tomar control de la Policía Preventiva con lo cual asegurarían su predominio en el puerto, al que han aterrorizado a fuerza de matar a quien no pague cuota o colabore con otro grupo delincuencial.

Así las cosas, decíamos, el embate político de los diputados de Movimiento Ciudadano es lo de menos: el alcalde debe sentarse con las autoridades federales -PGR, Defensa, Armada de México- a discutir la forma en que deberá enfrentar esa nueva amenaza para la seguridad pública tanto como para su propia integridad física.

En lugar de cobijarse con su grupo político de Nueva Mayoría, que lo vinieron a respaldar ante la campaña de Movimiento Ciudadano -lo que resulta ser una vacilada-, el munícipe debiera trabajar en una estrategia que le permita combatir con eficiencia a los criminales, que tienen asolado el puerto de Acapulco.

Si esta situación no se atiende, es posible que en una fecha próxima nos desayunemos con la noticia de que algún funcionario clave de la administración municipal fue secuestrado por la delincuencia. O que el propio alcalde sea agredido, lo cual no es descabellado. Las autoridades están a tiempo de prevenir una nueva oleada de violencia.

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