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#Entérate: 2016

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BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales

El trágico episodio de los secuestrados en los municipios de Arcelia y Ajuchitlán terminó el pasado fin de semana en el rescate con vida de 25 personas, lo que destensó la angustiosa espera a la que fueron sometidos sus familiares y la sociedad guerrerense entera, porque muchos pensaban que la crisis terminaría eventualmente en una masacre.

Para lograr la liberación de los secuestrados, el gobierno de Héctor Astudillo implementó un operativo de más de 500 hombres que, distribuidos entre fuerzas de seguridad federales y locales, obligaron a los delincuentes a liberar a los plagiados.

Por desgracia no todo fue un final feliz: el día 9, cuando un grupo criminal secuestró a los civiles que se dirigían a una boda en las inmediaciones de Arcelia, asesinaron primero a dos taxistas y, posteriormente, dejaron en el camino a otro ciudadano ultimado, a quien más tarde se le conocería como un empresario local de nombre José Eutimio Tinoco, conocido popularmente como El Rey de la Tortilla.

En Santa Ana del Águila, municipio de Ajuchitlán, cinco humildes maestros de secundaria corrieron la misma suerte: fueron secuestrados por hombres armados con fusiles que se los llevaron con rumbo desconocido. En apariencia debido a complicaciones médicas, en el trayecto falleció uno de ellos, el director de la Escuela Secundaria Técnica 114, Joaquín Real Toledo, un maestro muy querido por la comunidad.

Ambos grupos de víctimas, los secuestrados en Arcelia y los maestros plagiados en Ajuchitlán, aparecieron en el municipio de San Miguel Totolapan, lastimados pero sanos.
Aunque por desgracia cuatro vidas se perdieron, las autoridades lograron la libertad con vida de 25 víctimas que el mismo día de su liberación, el viernes pasado, se reunieron son sus seres queridos.

Este es un trance de prototipo en el que la coordinación de Fuerzas Federales y estatales alcanzó un éxito inequívoco sobre los grupos violentos, lo que merece ser reconocido por propios y extraños.

En el operativo participaron efectivos de Infantería de Marina, soldados de la Novena Región Militar, agentes de la Policía Federal, de la Fuerza Estatal y del Grupo Táctico Antisecuestro (GTA) de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron finalmente su cometido: la liberación de las víctimas.

Pero quienes se llevan las palmas son dos personajes: el mando territorial de la Defensa, general Alejandro Saavedra, y el gobernador Héctor Astudillo, quien supervisó paso a paso el gigantesco operativo de rescate, que en todo momento contó con el apoyo de helicópteros militares que desarrollaron labores de reconocimiento aéreo. Esta es una prueba palpable de que, si se lo proponen y hacen de lado intereses mezquinos, los gobiernos federal y estatal pueden ofrecer resultados plausibles a la población.

Empero, este sórdido episodio en el que estuvo todo el tiempo en peligro la vida de tantas personas implicadas en un secuestro masivo, sólo es un capítulo en el largo historial de violencia que ha azotado a Guerrero, mucho más que a otros estados del país.

En septiembre de 2015, en una entrega anterior, mencionábamos los resultados de una investigación de la prestigiosa fundación Open Society, que daba cuenta del número de homicidios violentos cometidos entre 2005 y 2014, es decir entre los gobiernos de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre: 19 mil 434.

Afirmábamos entonces que, para diciembre de 2015, tendríamos una cifra de muertes superior a las 20 mil personas. Pero, si atendemos las estimaciones de cifra negra, que pueden elevarse al 80 por ciento, entonces la estimación asciende a una horrísona cifra cercana a las 40 mil muertes violentas.

Este sería el escenario más realista al que se enfrenta Héctor Astudillo en la difícil -casi imposible- tarea de procurar e impartir justicia mediante los débiles instrumentos con que cuenta la Fiscalía General del Estado y una administración de justicia que se duerme en sus laureles -más cuando se acusa a la expresidenta del Tribunal Superior de justicia, Lambertina Galeana, de colaborar con la impunidad al ocultar videos del escabroso caso de desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa-.

La violencia que ha sentado sus reales en la vertiente interior de la Sierra Madre del Sur, proveniente de bandas delictivas emergentes, ha generado un caudal de víctimas tan numeroso que, si se hiciera un recuento cuidadoso, arrojaría con seguridad varios miles de casos de desplazados, esclavizados y asesinados, además de los secuestrados con objetivos claramente económicos.

En principio, esa violencia fue generada por bandas de sicarios bautizados por los pobladores como “Los Pintos”, en alusión a su uniforme de camuflage, armamento de fusilería y desplazamiento en forma de guerrilla, encabezados por Johnny Hurtado Olascoaga, el sanguinario capo conocido con el alias de El Pez, jefe de la Familia Michoacana, una veintena de cuyos mercenarios fueron abatidos en Tlatlaya por tropas del Ejército Mexicano, incluido su segundo de a bordo.

Esa batida en la sierra guerrerense -en la que entre 2012 y 2014 desplazó a cientos de familias de los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlán, Chichihualco y Tlacotepec- tiene su principal motivación en la producción de amapola pero, también, en el cinturón de oro que discurre por toda la región y que, a posteriori, se convirtió en la principal motivación de la actividad delincuencial.

Pero a esa disputa se han integrado ya otras bandas locales, como la de El Tequilero en San Miguel Totolapan o Los Villalobos en Tlacotepec y Chichihualco, que mantienen en la zozobra a cientos de familias pobres.

En el caso que nos ocupa fue la banda de El Tequilero la que asesinó a estas últimas personas y secuestró a los 25 ciudadanos de esa región, a quienes en una alocución grabada aseguró que son autodefensas cuando en realidad se trata de los asesinos más despiadados, que usan como rehenes a civiles inocentes para presionar a las autoridades.

El siguiente paso de las autoridades es capturar a esos delincuentes y presentarlos ante la justicia. Labor nada fácil, pero necesaria para llevar la tan ansiada paz a decenas de miles de guerrerenses. Ese es el reto para este 2016.

Y sí: el estado de Guerrero nos necesita a todos.

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