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Desalojan a invasores de viviendas para damnificados

Desalojan a invasores de viviendas para damnificados

Dos meses después de la invasión del fraccionamiento El Mirador, construido por la Sedatu para los afectados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, la Policía Federal y la Policía Estatal desalojó a los invasores y detuvo a los líderes.

La operación policial comenzó a las 5 horas, mientras la mayoría de los habitantes del lugar dormía.

Centenas de policías federales y estatales con equipo antimotín –algunos de los estatales portaban armas– se dispersaron por el fraccionamiento construido en una terreno que todavía tiene la forma de un cerro.

El Mirador es un fraccionamiento con 598 viviendas levantadas. La Sedatu asignó 453 a los afectados; les entregó los folios que los acreditan, en una primera fase, como poseedores de la casa.

El delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, informó que una vez que la Sedatu conoció de la invasión y presentó una denuncia ante la PGR, la dependencia procuradora de justicia hizo una inspección y detectó 239 viviendas invadidas. Esta mañana durante el desalojo confirmó que a ese número de casas les cambiaron la chapa de las puertas, pero que en realidad sólo detectaron 27 familias invasoras.

Aun cuando la operación policial en el fraccionamiento dan cuenta de un desalojo, el delegado aclaró que las autoridades que participaron invitaron a las familias invasoras a retirarse y lo hicieron voluntariamente.

Para el operativo, algunos policías sólo participaron como obstáculos del paso en todos los accesos del fraccionamiento, para evitar que principalmente que reporteros ingresaran, aparentemente por indicaciones de autoridades administrativas.

Al operativo acudieron representantes de la Sedatu, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

Hasta después de las 11 de la mañana el delegado de Sedatu salió del fraccionamiento para informar del operativo en el que encontraron folios y documentación alterados, también que sostendrán la denuncia en la PGR por despojo de la propiedad.

Al perímetro de El Mirador también llegaron los afectados por las lluvias y concilios asignados de una vivienda en ese fraccionamiento. Al salir, una mujer le dijo al delegado que le agradecía por liberar sus viviendas, pero le reprochó que esperaron hasta que los afectados presionarán para actuar. El delegado sólo sonrió.

Adentro, los policías revisaron las manzanas 6-A, 5-A, 4-A, 3-B y 2-B de las 10 que son en total. La exigencia reiterada de los habitantes durante el operativo que duró hasta alrededor de las 14 horas, fue el servicio de luz eléctrica, drenaje y agua.

Durante las horas de desalojo se observó que los policías se llevaron en sus patrullas a nueve personas, incluidos dos que se identificaron como presuntos reporteros, pero por la tarde personal de Sedatu informó que fueron siete y que el resto sólo dieron su declaración ministerial. Sin embargo, la única persona confirmada como detenida es Sabino Nava Carmona, señalado como uno de los que pedía dinero a cambio de asignarles una casa.

Antecedentes de El Mirador

El fraccionamiento está ubicado en la parte sur de la ciudad, sobre la autopista del Sol. El lugar cuestionado, además de la invasión, porque una parte del terreno no es apto para habitarse. Al menos 100 de las ya construidas son inhabitables, informó personal de la delegación.

La Sedatu proyectó originalmente en el fraccionamiento mil 200 casas.

El Mirador surgió en septiembre de 2014, un año después de Ingrid y Manuel, entre conflictos, como la compra del terreno y el tipo de casa levantada: prefabricada marca Casaflex.

El fraccionamiento se creó fuera de los límites que marcó el Plan de Desarrollo Urbano de Chilpancingo vigente (1994). Carece de servicios básicos.

La adquisición del predio que en 2014 informó la Sedatu es de una extensión de entre 12 y 13 hectáreas, tampoco es transparente. Uno de los empleados de la delegación que presenció la negociación de la compra del predio, informó que el costo es de 36 millones de pesos.

El delegado dijo que desconoce los términos de la adquisición de entonces. La responsabilidad en esos tiempos como titular de la Sedatu fue de Héctor Vicario Castrejón, actual diputado local por el PRI.

Armenta Tello insistió en que sostendría la denuncia por lo delitos derivados por la invasión del predio, pero nunca, aún con los cuestionamientos, contestó acerca de las responsabilidades de las autoridades, entre ellos el ex delegado.

Después del desalojo, la Sedatu comenzó a otorgar las casas liberadas a los afectados con folio asignado.

FUENTE: lajornadaguerrero.com.mx

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