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BAJO FUEGO: La ciudad y los perros

BAJO FUEGO: La ciudad y los perros

José Antonio Rivera Rosales

Los partidos políticos no aprenden, especialmente el PRD.

En Guerrero, las tribus o grupos de poder del partido emblemático de la izquierda mexicana protagonizaron los consabidos pactos para imponer candidatos de interés en los principales cargos de elección popular, particularmente en lo que se refiere a la gubernatura, que parece será asignada al impresentable Sofío Ramírez, en tanto la alcaldía se le pretende entregar a Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia.

Como si nunca hubiera ocurrido la matanza y desaparición de normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, los grupos de poder al interior del PRD forcejean en la coyuntura para imponer candidatos al gusto de los jefes de facción.

En el PRD, como ya es sabido, los precandidatos a la gubernatura son el senador con licencia Sofío Ramírez -conocido por su manía de mentirle en todo a todos-, Sebastián de la Rosa -quien debiera estar bajo investigación penal dada su sospechosa intención de mantener hasta el final el apoyo perredista al exalcalde José Luis Abarca, pese a todas las evidencias que lo implicaban en la masacre-, Víctor Aguirre Alcaide -un borracho incorregible- y Beatriz Mojica Morga.

Del abanico de pretensos, sólo Beatriz Mojica reúne las prendas y la calidad moral para ser la candidata del perredismo a la gubernatura de Guerrero, pero lo más probable es que el interés político y económico, acompañados por la misoginia, impongan a un Sofío Ramírez que, si bien se mantuvo leal en todo momento a Ángel Aguirre Rivero, ha incurrido en torpezas emanadas de su manía de mentir.

Pero en el reparto de culpas no andan muy lejos los otros partidos: en el PRI es claro que los forcejeos están a la orden del día, dado que postergaron para el próximo día 4 de febrero la decisión sobre quién abanderará al tricolor en la puja por la gubernatura.

En la oferta de precandidatos parece que imperará quien tenga el padrino más poderoso, más que la imagen y las prendas que pudiera vestir el agraciado.

Así, los grupos de poder detrás de cada uno de los pretensos decidirán -en una mesa de notables que nada tienen de democráticos- si el elegido es Mario Moreno Arcos, Héctor Astudillo Flores, Cuauhtémoc Salgado o Manuel Añorve.

De todos son Héctor Astudillo y Mario Moreno quienes pudieran tener el visto bueno de la jerarquía tricolor -o, vale decir, del presidente Enrique Peña Nieto-, pero los grupos tras de Cuauhtémoc Salgado y Manuel Añorve, esto es, Rubén Figueroa y Manlio Fabio Beltrones, pudieran dar la sorpresa. Todo depende de quién garantice más lealtad a los proyectos e intereses de Peña Nieto.

¿Y la militancia priista? Bien, gracias.

Peor sucede con Movimiento Ciudadano, cuyas dirigencias son mero adorno en la toma de decisiones que quedó reducida a dos personas que, luego de una inquívoca consulta popular, decidieron postular a Luis Walton Aburto.

Según todos los indicios, la consulta se llevó a cabo de la siguiente manera: Dante Delgado: Luis ¿te vas a quedar con la candidatura? Luis Walton: Claro que sí, Dante, ya lo sabes. Entonces, Walton resultó ungido candidato en esa franquicia a la que ellos llaman partido político.

En el PAN, como ya es del dominio público, las postulaciones se dirimen a balazos, en un juego bastante rudo en el que el triunfador se alza con todo, menos con el voto ciudadano. Para legitimarlos, un alicaído Jorge Camacho se ofreció para representar a los panistas a sabiendas del triste papel que va a desempeñar.

De los demás supuestos partidos, más vale no hablar. No sea que el diablo se aparezca en la figura de Zeferino Torreblanca Galindo.

Pues bien, sea de una manera u otra, los partidos políticos se aprestan a participar en un proceso electoral cuestionado desde su arranque por una furiosa disidencia que asegura que lo boicoteará.

Pero si los partidos políticos se conducen de una manera desaseada desde el principio, tampoco es viable suspender el proceso comicial que constituye la fuente de legitimidad para el poder público.

Una eventual e improbable suspensión del proceso político-electoral sólo redundará en beneficio del régimen peñanietista que, con apoyo de sus aliados en el Senado de la República, instaurará un gobierno provisional a modo en el que encontrará un refugio seguro para sus afanes neoliberales y represivos.

Aunque la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa se traduce en un justo dolor para toda la comunidad -dolor extensivo a todos los mexicanos, no sólo a los guerrerenses-, situación que enmarca una de las crisis sociales más graves desde el 68 -lo que no ha terminado de entender el gobierno de Peña Nieto-, es claro que el boicot de los comicios en ciernes sólo terminará de profundizar esa crisis social y política.

Para ser más claros, el torpedeo del proceso político-electoral nos conducirá de lleno a la anarquía y sentará bases legítimas para la represión institucional, que sería una salida difícil pero viable para el gabinete de Peña Nieto.

Por otra parte, por muy entendibles que sean las motivaciones de los deudos, sus acompañantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP), los militantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), los maestros cetegistas y los alumnos de Ayoztinapa no pasan de ser unos miles -¿20, 30 mil personas?- que constituyen apenas el 0.1 por ciento de los más de 3.4 millones de guerrerenses que esperan ansiosos el desenlace de los acontecimientos.

No representan, pues, a la generalidad de la sociedad guerrerense, aunque lo pretendan.

Además, los excesos en que han incurrido al violentar el libre tránsito de civiles, robar mercancías con el pretexto que sea, secuestrar autobuses e irrumpir violentamente en los cuarteles cuando hay canales institucionales por los cuales es posible transitar, los ha colocado paulatinamente en una situación insostenible frente a la comunidad que ya ha comenzado a expresar su rechazo.

La violencia, aunque sea producto de la indignación, nunca fue el camino. Deudos e indignados equivocaron la ruta (por citar un ejemplo, la UPOEG comenzó desde el principio a buscar en forma directa a los jóvenes desaparecidos, mientras que los familiares hicieron el primer intento de búsqueda tres meses después de los acontecimientos).

Así pues, de esta manera los deudos, los cetegistas, los normalistas y los estudiantes venidos de otros lares sólo hicieron el trabajo sucio al gobierno, que ahora tiene los elementos para comenzar las aprehensiones. Y esto es lo que viene, no lo duden.

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