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BAJO FUEGO: El  desafío criminal

BAJO FUEGO: El desafío criminal

José Antonio Rivera Rosales

A querer o no, el brutal atentado contra el candidato priista a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, marcó ya el proceso electoral que culminará el próximo 7 de junio, cuando se renovarán la gubernatura, Congreso y municipios de Guerrero.

Ese despreciable homicidio, cometido frente al equipo de campaña del abanderado priista, aporta una dosis imbatible de perversión y maldad a este proceso comicial atípico que viven los guerrerenses, de importancia capital dadas las condiciones históricas en que se desenvuelve, derivadas de la masacre cometida contra estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala.

Es claro que el grupo criminal que cometió el asesinato lo hizo a sabiendas del efecto que causaría tanto en la opinión pública como en el proceso electoral mismo.
En una entrega anterior, se mencionaba que la ciudad de Chilapa es una pieza clave para el trasiego de drogas dado que se encuentra enclavada en una confluencia de rutas que conducen al centro -el más grande mercado de droga al menudeo de todo el país-, así como en el paso hacia los estados del norte, es decir, hacia la Unión Americana.

Así, el conflicto entre los grupos delincuenciales Los Rojos y los llamados Ardillos en modo alguno se origina tanto por el control de la ciudad misma -que no cuenta precisamente con una situación de bonanza económica-, sino por su posición estratégica y la cobertura que proporciona.

Es por eso que, antes de septiembre de 2014, el grupo criminal afincado en Iguala, Guerreros Unidos -responsable de las muertes y desapariciones ocurridas en aquella ciudad-, había participado activamente en la confrontación armada entre unos y otros, a pesar de que todos ellos habían surgido de la misma matriz: el cártel de los Beltrán Leyva.

Al final de cuentas, la amapola que se produce en la parte alta de la Sierra Madre del Sur, tanto como la que germina en La Montaña -el otro foco de producción, al que nadie le ha puesto atención-, son trasladadas por esa ruta que tiene su punto de quiebre en Chilapa. Pero para que esa ruta tenga plena operatividad, había que mantener el control nada menos que de la capital del estado, Chilpancingo, punto neurálgico para todo el estado de Guerrero. Es por eso que la violencia ha mudado frecuentemente entre Chilpancingo y Chilapa.

Como sea que evolucionen los intereses criminales, el caso es que tanto el asesinato infame del candidato priista a la alcaldía de Chilapa, como en su momento el de la precandidata perredista a Ahuacotzingo, Aidé Nava González, pretenden enviar un mensaje a las autoridades: si no hay pactos con los grupos criminales, no habrá un proceso electoral en paz.

Toca a las autoridades federales principalmente, pero también al gobierno del estado, ofrecer una respuesta tajante a esas pandillas armadas que, si se dejan crecer, podrían decidir en algún momento lanzar una ofensiva como la que tiene en jaque al gobierno federal en Jalisco, donde los bandidos mostraron capacidad para derribar a un poderoso helicóptero de combate tipo Cougar, que ha mostrado una alta capacidad de despliegue y maniobra en situaciones de guerra.

A estas alturas es claro que la amapola y el subproducto, la goma, son la causa fundamental de la violencia galopante que azota al estado de Guerrero, y que mostró su rostro más despiadado con la masacre de Iguala.

El otro producto generador de violencia es la minería pero, especialmente, el cinturón de oro que circunda la parte interior del estado de Guerrero.
Un cálculo somero de los rendimientos de ambos productos, en las manos de los grupos criminales, podría ascender a miles de millones de dólares. Es mucho dinero, lo que explica la ferocidad y brutalidad de las bandas delincuenciales.

Este aspecto no ha sido visualizado por los sectores de inteligencia del gobierno federal -ni la inteligencia militar ni la inteligencia civil-, que a la fecha no han sabido explicar porqué la animosidad de las bandas criminales entre sí, ni su disponibilidad para enfrentarse contra las Fuerzas Federales, el brazo armado del Estado Mexicano.

De no atenderse este potencial crecimiento de los rendimientos ilegales de la droga y el oro, pronto el Gobierno de la República se encontrará sometido a dos, tres o cuatro fuegos que se alimentan de fuentes casi inagotables. Lo peor del caso es que, en la parte del medio, se encontrará una población civil inerme, desprotegida y atemorizada.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, que irrumpió con pintura de guerra, pronto dará de que hablar en Guerrero dado que una de sus bases se encuentra precisamente en la región de Costa Grande donde, desde 2013, a la callada, comenzó a combatir a Los Templarios, pero ahora nada garantiza que se mantenga al margen de la pelea por la amapola y el otro. En términos de economía, podríamos decir que simplemente va a diversificar su giro tradicional, el mercado de metanfetaminas.

Este es el escenario al que se enfrentan las autoridades electorales: un proceso comicial marcado por la violencia que, en las peores previsiones, podría desencadenar más episodios violentos que buscarían, tal como ha manifestado la disidencia agrupada en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), simplemente cancelar la opción electoral.

Pero si cerramos la vía electoral ¿con qué opción nos quedaríamos?

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